Específicamente, los
criterios que han sido planteados para llevar a cabo este ejercicio de
focalización territorial se relacionan, con las condiciones históricas de
seguridad y los niveles de violencia (afectación por el conflicto y presencia
de economías criminales), así como con el estado de los indicadores sociales
(pobreza, medida en términos de Necesidades Básicas Insatisfechas) y la calidad
de la gestión de gobierno (medida en términos de capacidades institucionales)
en los municipios del país. Se pretende así avanzar en la definición de un
marco general de intervención, sin desconocer que la geografía del conflicto es
cambiante, y que, en últimas, la definición de áreas priorizadas en el marco de
los Acuerdos deberá concebir a cada territorio como espacios geográficos de
interrelaciones sociales y económicas heterogéneas.
Los once municipios que
integran la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del país, coinciden
en gran medida con los criterios señalados. Constituyen territorios
frecuentemente caracterizados como de “retaguardia estratégica” o “santuarios”
de grupos armados al margen de la ley y de economías criminales basadas,
principalmente, en el narcotráfico y el contrabando. Este precario contexto de
seguridad, a su turno, ha exacerbado los niveles de pobreza y exclusión que
caracteriza, mayoritariamente, a su población rural. Tras varios años de
esfuerzos institucionales y de iniciativas del sector privado para mejorar las
oportunidades productivas y de calidad de vida de sus habitantes, los niveles
de conflictividad del Catatumbo continúan siendo igual de alarmantes.
